Proyectos de Libres del Sur en el HCD

   Una nota de vecinos del Plan Federal del Barrio Malvinas y tres  proyectos de resolución fueron presentados por la concejala Grisel Tarsia del Movimiento Libres del Sur.
   

En el día de ayer, se realizó la octava sesión ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante de Esteban Echeverría, en la cual la concejala por el Movimiento Libres del Sur presentó tres proyectos y una nota de vecinos y vecinas del Plan Federal de Viviendas del Barrio Malvinas. En los cuales proyectos de resolución, fueron aprobados por el HCD-EE, y la nota fue aprobada y enviada al ejecutivo para su pronta respuesta.

   La nota de vecinos y vecinas (Nº 1241/CD/2010) después de presentada se derivo al Departamento ejecutivo a la espera de una respuesta pronta, en la cual detalla un reclamo que viene de varios meses y sin respuesta alguna por parte de las autoridades municipales. Tal nota refleja la pavimentación de las calles que abarcan y están dentro del Plan Federal de Viviendas, siendo de este modo que ante esta ausencia, dificulta demasiado la cotidianeidad de los vecinos de este barrio, desde el uso de los colectivos de línea, remises, ambulancias y todo lo que esto conlleva.

   Uno de los proyectos de resolución (Nº1240/CD/2010) solicitaba al ejecutivo que controle el cumplimiento del Convenio Nacional vigente que establece el valor de 16$ con respecto a las garrafas mediante el área de control que corresponda; otro proyecto (Nº 1266/CD/2010) fue el de uno de resolución presentado en la medio hora de preferencia en cual detallaba que se legisle que los servicios de telefonía celular sean declarados como bien publico a través de una Ley que cuide los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, usuarios y consumidores, que reglamente el mercado de los mismos el cual se comunica al Departamento ejecutivo Municipal, Provincial, Nacional y las respectivas Cámaras de Diputados Nacionales y Provinciales; y uno de los últimos (Nº 1242CD/2010) fue que el HCD declarase de interés la celebración del Día de la Pachamama con una Corpachada en la Laguna de Rocha que se realizo el pasado 1 de este mes.

   Y por ultimo un informe proveniente desde el ejecutivo municipal (Nº 1069/CD/2010) va a permanecer en la Comisión de Legislación y Peticiones por la respuesta insuficiente que devino de tal, que presentó la concejala Tarsia en el cual pidió un informe con relación a los permisos que puedan invocar a lo particulares para construir en la zona comprendida en la denominada “Laguna de Rocha”.
 

Proyecto de Resolución

                                Esteban Echeverría, Agosto del 2010.-
 
Visto 
   Que al día de la fecha la telefonía celular y la comunicación inalámbrica son un instrumento de vínculo social, comercial y cultural.
  
Considerando: 
Que en nuestro país hay 50000000 millones de líneas y aparatos de telefonía celular.
   Que no existe legislación aprobada en la Cámara de Diputados ni de Senadores de la Nación, ni de las Provincias que reglamente, ni regule su construcción, su servicio, sus usos y las respectivas normas de comercialización.
   Que este servicio no es declarado como bien público.
   Que no tiene tarifa, solo un precio que es puesto de común acuerdo por todas las 5 empresas extrajeras monopólicas internaciones.
   Que también se están aplicando aumento de precios sin ningún tipo de explicaciones.
   Que las empresas de telefonía celular son las que tiene mayores índices de reclamos por parte de los usuarios. 
   Que es función del Concejo Deliberante cuidar y resguardar el bien común y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
   Que en el marco de la democracia no podemos permitir que un Servicio Público que afecta la calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas este solamente guiado por el afán de lucro de 5 empresas monopólicas.
  
Por todo ello, la Concejala Grisel Tarsia, del Movimiento Libres del Sur, eleva el siguiente:
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
  
Articulo 1: Comuníquese al ejecutivo Municipal, Provincial, Nacional. A las respectivas Cámara de Diputados Nacionales y Provinciales a los fines de que: 
 
·   Se legisle para que los servicios de telefonía celular sean declarados como bien público a través de una Ley que cuide los derechos de los ciudadanos, usuarios y consumidores, que reglamente el mercado de los mismos.
 
·   Que se cree una Empresa de Telefonía Celular que sirva la construcción de valores testigos de costo y ganancias de las empresas que hoy tiene el monopolio del mercado y regulan sus precios en acuerdos entre las mismas.
 
·   Que se acompañe la campaña que están llevando adelante las Asociaciones de Usuarios y Consumidores con diferentes Movimientos Sociales.
 
·   Se derogue del aumento del servicio de telefonía celular dispuesto arbitrariamente por las empresas del sector.
 
·   Se aplique inmediatamente la portabilidad numérica.
 
 Articulo 2: de forma

Notas en medios de E. Echeverría

Diario Popular

SIN ASFALTO NI LUZ, EN NUESTRAS MALVINAS SE SIENTEN AISLADOS
En Monte Grande se movilizan ante la falta de servicios

Vecinos del barrio Nuestras Malvinas de Monte Grande reclaman la falta de “servicios públicos indispensables” en el complejo del Plan Federal de Construcción de Viviendas y tras presentar un expediente ante el ejecutivo municipal en el que no obtuvieron respuestas satisfactorias como segunda medida recurrieron a la concejal Grisel Tarsia a fin de esperar mejoras en el predio ubicado entre las calles Constanzó, Mainer, Chimondegui y Océano Atlántico.
El complejo del Plan Federal tiene 52 manzanas, consta de 1.990 módulos entre dúplex y casas y entre los habitantes hay un altísimo porcentaje de niños con discapacidades múltiples y personas con enfermedades crónicas con rígidos y severos tratamiento prolongados.
Sin pavimentación de calles e iluminación, entre otros servicios básicos, las “ambulancias y remises se niegan a entrar por el estado deplorable de las calles, las que están anegadas y poceadas” cita la nota enviada por un grupo de vecinos al Concejo Deliberante local tras la falta de respuesta al expediente Nº 048/2010.

Sin colectivos

En ese sector del distrito, “la calle Malvinas, es un mejorado sin cordones cunetas, también se encuentra en un estado lamentable” además de ser la única arteria por la que transita la empresa 501, que “no quiere entrar al barrio por los motivos expuestos”, se ve desbordado de pasajeros en los horarios picos.
Tarsia, en diálogo con este medio, añadió: “Tanto los problemas sanitarios como los labores se ven perjudicados por esto. Los vecinos según el trabajo que ya vienen haciendo están dispuestos a seguir con el reclamo porque no pueden vivir”.
Junto con el pedido de pavimentación e iluminación, en pos de progresar, los vecinos citaron en el expediente como temas a tratar la implementación de bomba de agua, gas natural y hasta la instalación de una dependencia policial para que haya patrullaje en el barrio.

Propietarios del Plan Federal del barrio Nuestras Malvinas recurrieron al Concejo ante la falta de respuestas del Ejecutivo.

La voz de Echeverría

Un veto contra un derecho constitucional

 
La aplicación de la Guía para la Atención de Abortos No Punibles recibió el veto del intendente luego de que el HCD lo aprobara. La interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley se encuentra así con dilaciones que ponen en peligro la “Institucionalmente debemos favorecer las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, consideraba la ordenanza que ponía en práctica en el terreno echeverriano la Guía Técnica para la Atención de Abortos No Punibles aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante local. Pero el destino de la normativa dejó de lado la salud de las mujeres cuando el intendente Fernando Gray la vetó, escudado en la supuesta quita de respaldo que el Gobierno nacional le dio al protocolo. Las organizaciones feministas cuestionaron la decisión política, mientras que especialistas sanitarias aclararon que la interrupción de embarazos en los casos permitidos por la ley es una obligación fijada en el Código Penal (CP).

Cuando está en riesgo la salud de la sujeta, la gestación se produjo tras una violación o en el cuerpo de una persona con discapacidad mental, el aborto no es un crimen, según fija el artículo 86 del conjunto de normativas sobre delitos. Sin embargo, los profesionales médicos se entienden perseguidos y la Justicia mete su dedo no para acelerar el cumplimiento de las reglas sino para analizar la pertinencia de casos, cuando la necesidad pide celeridad. Precisamente para evitar que los tiempos se alarguen a antojos del martillo y de los circuitos sanitarios clandestinos, el documento avalado por el Legislativo llamaba a la intervención inmediata de los médicos en los cuadros habilitados legalmente.
Para sorpresa de las entidades que velan por la entidad de género, el ministro nacional Juan Manzur aclaró que no había firmado una resolución en aval del texto oficial, pero ese comunicado no implicó que quedara fuera de circulación, más cuando tiene el sustento de una prerrogativa constitucional. De hecho, “todavía está en la página” del órgano federal en cuestión (http://www.msal.gov.ar/saludsexual/default.asp), señaló la ginecóloga Marisa Milesi, responsable distrital del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

La actitud del funcionario federal fue la justificación que utilizó el jefe comunal para sellar la quita de vigencia de la legislación local. En medio de las disputas, el cuerpo de las mujeres, muchas veces enarbolado como lo único representativo de ellas, ahora otra vez es reducido a objeto, por la confrontación ideológica y, pretendidamente, moral.

“El aborto no punible se encuentra en el CP desde 1921 y tiene resolución de la provincia de Buenos Aires”, recalcó la profesional. En el campo distrital la mirada resulta opuesta. “La decisión, sin duda, es política pero también sanitaria y subjetiva porque, como decimos las feministas, ‘lo personal es político’ y no garantizar un derecho además de autoritario es algo que roza la ilegalidad, lisa y llanamente”, apuntó la concejala de Libres del Sur Grisel Tarsia, autora del proyecto al que sus pares le dieron el sí en el recinto.
 
Los caminos de la fe
Que el poder es socio de las instituciones religiosas no es un hallazgo en el derrotero histórico. La reciente sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo visibilizó que los sectores tradicionales todavía buscan mantener las riendas con la rigidez de su brazo, aunque el resultado fue distinto al que deseaban. La misma resistencia encuentran los proyectos de ley para despenalizar el aborto en todos los casos en los que la embarazada lo decida.
“En lo estrictamente local, Gray construyó parte de su poder al vincularse a ‘hombres de fe’ de diferentes cleros, como es evidente su cercanía a sectores duhaldistas que también se muestran muy reacios a estas iniciativas y hacen denodados esfuerzos por ‘derechizar’ su propuesta partidaria”, cuestionó la edila. Esta vez, el veto del 23 de julio último “es más grave porque no tiene que ver con la legalización (del corte en la maduración del feto), sino con dar garantías institucionales” sobre lo habilitado por la norma.
 
Ellas, después
Obstáculos económicos para sustentar la vida del niño o la niña, condiciones habitacionales inapropiadas para su crecimiento, ausencia del deseo de ser madre dentro o fuera de una pareja con libreta, embarazo causado por la violencia sexista o por los preceptos socioculturales que entienden a la mujer desde la maternidad. Las causas que pueden llevar a una sujeta a optar por la interrupción del ciclo formativo son múltiples, aunque las reglas no lo permitan en todas las circunstancias. Sin embargo, “el aborto existe y se practica”, subrayó la referente.
La distancia entre la carta judicial y la realidad alimenta al mercado negro que lleva a cabo esa actividad con métodos verdugos: son la principal causa de muerte materna. Cada año, Argentina es escenario de entre 460 y 600 mil puntos finales a la gestación, pero sólo quienes pueden pagar una internación costosa en una clínica privada cuentan con mecanismos de asepsia y seguridad vital. Mientras los debates continúan, ellas esperan.

La Unión

El intendente Fernando Gray dejó sin efecto el proyecto impulsado por Libres del Sur, y la organización convocó a diversos sectores para iniciar un plan de acción contra esa decisión.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, vetó el protocolo de aborto no punible que semanas atrás fue aprobado por el Concejo Deliberante. La medida no fue bien vista por organizaciones feministas, ya que se trata de una herramienta para prevenir las muertes causadas por esta práctica.

La cuestión del aborto generó polémica a nivel nacional, provincial y también tocó a los municipios, en donde genera resistencia garantizar los casos contemplados por el Código Penal, pero tampoco se da soluciones a los que se realizan en forma clandestina de la mano de la pobreza y la desesperación.

En este contexto, las visiones son variadas y la necesidad de frenar con las muertes es una cuestión primordial para organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer.

El mes pasado, el bloque de Libres del Sur presentó un proyecto de ordenanza para dar luz verde a la utilización del protocolo de aborto no punible, y una mayor difusión de la línea “Más información, menos riesgo”. Tras el visto bueno del Concejo Deliberante, el intendente local lo dejó sin efecto.

El protocolo fue elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, durante la gestión de Gines González García, para contrarrestar los casos de judicilización, producto de la resistencia de sectores conservadores de la sociedad y la Iglesia.

Sobre esto, la concejala Grisel Tarsia, del bloque de Libres del Sur -impulsora del proyecto en ese recinto- señaló que “es una cuestión preocupante”, ya que no se trata de dar luz verde al aborto, sino de otorgar herramientas para que en los casos no punibles, las prácticas sean supervisadas y con las medidas necesarias para no arriesgar la vida de la mujer.

Por otra parte, Mónica Villalba, militante del Espacio de Mujeres del MTD destacó que el tema del aborto “está instalado en la sociedad” por lo cual es imposible dar la espalda a una problemática de este estilo.

Para buscar una solución, diversas organizaciones se encontrarán la próxima semana en el Centro Cultural Metamorfosis de Monte Grande, en donde se hablará de la necesidad de aplicar el protocolo.

Diario del Sur del GBA

Echeverría Noticias de Esteban Echeverría

Polémica por el veto de Fernando Gray a una ordenanza sobre abortos no punibles

El Intendente dejó sin efecto una ordenanza aprobada por el HCD que ponía en vigencia en el distrito la denominada “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no punibles”. La iniciativa fue presentada por Libres del Sur y es rechazada por sectores religiosos.

 El aborto en al Argentina está en el centro del debate. No sólo en el nivel nacional, con la polémica generada por la marcha atrás del ministro Juan Manzur sobre la puesta en marcha de un protocolo sanitario, sino en cada distrito, donde distintos sectores comenzaron a instalar el tema en el nivel local. En este sentido, esta semana el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, desairó al Concejo Deliberante y vetó una ordenanza que implementaba la denominada “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no punibles”.

Según la información suministrada por sectores católicos, Gray vetó la iniciativa de Libres del Sur que obligaba al Ejecutivo a la instrumentación en el municipio de esta herramienta sanitaria, que permite a los hospitales públicos proceder a realizar un aborto en caso de violación sin necesidad de autorización judicial, entre otras cuestiones.

Esta guía técnica está destinada a todas las mujeres que reciban atención en consultas o entrevistas por parte de profesionales de la salud en el territorio, independientemente del campo profesional o de los niveles de complejidad en los que se desempeñen. La idea del proyecto, aprobado por mayoría y presentado por la edil Grisel Tarsia en consonancia con lo que hicieron varios concejales del sector en el resto de la región, facultaba a la Secretaría de Salud para la ejecución de la presente guía, como así también el seguimiento de su aplicación.

En la presentación del proyecto, realizado en Lanús, la ex diputada provincial Laura Berardo explicó que “en nuestro país se realizan por año más de 500 mil abortos clandestinos y en el ultimo año fueron registradas mas de 100 muertes de mujeres por esta causa; es urgente que desde las instituciones del Estado, desde las organizaciones de mujeres, sociales y políticas, pongamos este tema como prioridad de protección de la salud de las mujeres. Por eso esta presentación, por eso el acompañamiento y la difusión al trabajo que casi artesanalmente vienen haciendo las compañeras de la Línea Aborto Seguro, porque no queremos más mujeres muertas por abortos clandestinos”.

Cabe recordar que la semana pasada, esta guía de aborto no punibles generó un fuerte contrapunto en el nivel nacional, ya que mientras que se afirmó que el ministro de Salud nacional Juan Manzur había firmado su resolución, desde su entorno lo desmintieron. Por su parte, un asesor ministerial aseguró que el protocolo “ya está vigente” y establece entre otras cosas el “derecho” al aborto en los hospitales públicos de cualquier mujer que haya quedado embarazada a causa de una violación, sin que se puedan exigir pruebas del delito. Esta guía le valió al ministro Manzur una denuncia por “apología del delito”.

Juan Héctor Silvestre Begnis, ex diputado y titular de la comisión de Salud, expuso que el polémico protocolo “está vigente” y es una norma de procedimiento que los médicos poseen como "una sugerencia de comportamiento" desde hace tres años. El ex diputado nacional agregó que la guía “no requiere una resolución de aplicación y puede aplicarse en los establecimientos de salud”.

El asesor de Ministerio de Salud dijo que los médicos pueden utilizar su “objeción de conciencia” y negarse a realizar un aborto, pero que las instituciones médicas deben garantizar la realización del legrado en caso de que una mujer mayor de 14 años denuncie que fue violada y lo requiera.

Política del Sur

Polémica por el veto de a una ordenanza sobre abortos no punibles

El aborto en la Argentina está en el centro del debate. No sólo en el nivel nacional, con la polémica generada por la marcha atrás del ministro Juan Manzur sobre la puesta en marcha de un protocolo sanitario, sino en cada distrito, donde distintos sectores comenzaron a instalar el tema en el nivel local.

En este sentido, esta semana el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, desairó al Concejo Deliberante y vetó una ordenanza que implementaba la denominada “Guía Técnica para la Atención de los Abortos no punibles”.

Según la información suministrada por sectores católicos, Gray vetó la iniciativa de Libres del Sur que obligaba al Ejecutivo a la instrumentación en el municipio de esta herramienta sanitaria, que permite a los hospitales públicos proceder a realizar un aborto en caso de violación sin necesidad de autorización judicial, entre otras cuestiones.

Esta guía técnica está destinada a todas las mujeres que reciban atención en consultas o entrevistas por parte de profesionales de la salud en el territorio, independientemente del campo profesional o de los niveles de complejidad en los que se desempeñen. La idea del proyecto, aprobado por mayoría y presentado por la edil Grisel Tarsia en consonancia con lo que hicieron varios concejales del sector en el resto de la región, facultaba a la Secretaría de Salud para la ejecución de la presente guía, como así también el seguimiento de su aplicación.

En la presentación del proyecto, realizado en Lanús, la ex diputada provincial Laura Berardo explicó que “en nuestro país se realizan por año más de 500 mil abortos clandestinos y en el ultimo año fueron registradas mas de 100 muertes de mujeres por esta causa; es urgente que desde las instituciones del Estado, desde las organizaciones de mujeres, sociales y políticas, pongamos este tema como prioridad de protección de la salud de las mujeres. Por eso esta presentación, por eso el acompañamiento y la difusión al trabajo que casi artesanalmente vienen haciendo las compañeras de la Línea Aborto Seguro, porque no queremos más mujeres muertas por abortos clandestinos”.

Cabe recordar que la semana pasada, esta guía de aborto no punibles generó un fuerte contrapunto en el nivel nacional, ya que mientras que se afirmó que el ministro de Salud nacional Juan Manzur había firmado su resolución, desde su entorno lo desmintieron.

Diario Urbano

La aplicación en la comuna de la mencionada Guía había sido aprobada recientemente por el Consejo Deliberante.

Si bien el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, dijo no haber firmado la resolución, el protocolo ya está vigente y establece entre otras cosas el “derecho” al aborto en los hospitales públicos de cualquier mujer que haya quedado embarazada a causa de una violación, sin que se puedan exigir pruebas del delito.

Asimismo, la objeción de conciencia por parte del profesional está contemplada a título personal (no institucional), pero los que se nieguen a practicar un aborto en estos casos pueden ser procesados penal, civil o administrativamente por incumplimiento de sus obligaciones.